Ajustes energéticos de 2013 facilitaron el auge del huachicol fiscal
Expertos señalan que la apertura del mercado de hidrocarburos tras la reforma de 2013 creó vacíos legales que permitieron la evasión fiscal masiva.
La estructura normativa implementada en el sector energético a partir de 2013 permitió la proliferación de esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, las autoridades federales lograron identificar redes complejas que utilizaban la simulación de importación de combustibles, disfrazando gasolinas y diésel bajo nombres de aditivos o aceites lubricantes para evadir el pago de impuestos especiales.
El mecanismo operaba aprovechando la fragmentación en la supervisión de los permisos de importación, permitiendo que empresas fachada ingresaran hidrocarburos al país sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Esta práctica no solo impactó los ingresos de la SHCP, sino que también alteró las condiciones de competencia equitativa en el mercado nacional de combustibles al introducir productos a precios artificialmente reducidos.
Especialistas en la materia indican que la falta de controles estrictos en las aduanas y la dispersión de responsabilidades entre diversas dependencias facilitaron que estos grupos operaran con relativa impunidad durante años. Al detectar estas anomalías, las instituciones de seguridad y fiscalización iniciaron procesos de revisión exhaustiva para cerrar los vacíos legales que permitían estas operaciones ilícitas en los puntos de entrada al territorio nacional.
En la actualidad, las autoridades federales mantienen una estrategia de fiscalización permanente para combatir el contrabando de combustibles y la evasión de impuestos en el sector energético. La coordinación entre el SAT y la SENER busca fortalecer la trazabilidad de cada molécula importada, garantizando que los importadores cumplan estrictamente con las regulaciones vigentes y contribuyan a las arcas públicas conforme a la ley.
Este esfuerzo gubernamental se centra en endurecer los requisitos para la obtención de permisos de importación y en la implementación de tecnologías de monitoreo en tiempo real. El objetivo es desarticular definitivamente los esquemas que permitieron que el huachicol fiscal se convirtiera en una fuente de ingresos ilícitos para grupos delictivos que operan en diversas regiones del país.
