La permanencia de estructuras rochistas y el costo de la legalidad
Analistas advierten que la estabilidad de Rubén Rocha en el poder se debe a la persistencia de su estructura política y administrativa en Sinaloa.
La permanencia de Rubén Rocha al frente del gobierno de Sinaloa ha sido objeto de análisis reciente por parte de expertos en ciencia política. Según la perspectiva de Federico Berrueto, la capacidad del gobernador para mantener el control administrativo y político radica en que su estructura de mando nunca se desarticuló, garantizando una continuidad operativa que ha evitado el vacío de poder en la entidad.
Este escenario pone de relieve, según observadores, el costo que implica para el sistema democrático el desprecio a los cauces de la legalidad institucional. Al mantener intacta la red de influencia y los equipos de trabajo originales, la administración estatal ha logrado blindarse frente a presiones externas, operando bajo un esquema que prioriza la lealtad interna sobre otros mecanismos de control y rendición de cuentas.
El análisis sostiene que el hecho de que el titular del Ejecutivo estatal no abandonara sus funciones, ni siquiera ante las crisis de gobernabilidad, permitió que las dependencias estatales siguieran ejecutando sus planes de trabajo sin interrupciones. Esta cohesión interna es señalada por especialistas como un factor determinante que ha dificultado que las fuerzas opositoras logren una alternancia o un cambio en la dinámica de poder regional.
Finalmente, la discusión sobre la legalidad y el ejercicio del poder en Sinaloa abre un debate necesario sobre los límites de la institucionalidad frente a estructuras que, aunque se encuentran dentro del marco normativo, operan mediante redes de influencia profundamente arraigadas. La lección que deja este periodo, según los críticos, es que la vigencia del poder político en México depende más de la solidez de las redes de lealtad que de la propia alternancia formal en los cargos públicos.
