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Justicia brasileña exige a Meta equidad informativa entre Lula y Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral de Brasil otorgó un plazo de 24 horas a Meta para garantizar el trato igualitario en las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

Redacción Cadena Noticiosa
Foto: regeneracion.mx

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil emitió un dictamen oficial este martes ordenando a la empresa Meta que demuestre en un plazo máximo de 24 horas la aplicación de un trato equitativo en sus plataformas para las campañas electorales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del expresidente Jair Bolsonaro. La autoridad electoral busca asegurar que las políticas de moderación de contenidos y publicidad digital no favorezcan a ninguna de las fuerzas políticas en contienda, manteniendo la neutralidad tecnológica durante el proceso electoral en curso.

La resolución judicial responde a las inquietudes expresadas por los representantes legales de los equipos de campaña, quienes han cuestionado la visibilidad y el alcance de los mensajes difundidos en las redes sociales de la compañía. El tribunal exige transparencia sobre los algoritmos de distribución y las métricas de impacto de los anuncios pagados, con el fin de evitar cualquier sesgo que pudiera influir en la percepción del electorado brasileño durante los días previos a la jornada de votación.

Fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que Meta deberá presentar un informe detallado que explique los criterios técnicos utilizados para la gestión de las publicaciones políticas. La empresa, por su parte, ha señalado que colaborará con las autoridades electorales para cumplir con los requerimientos de información, reiterando su compromiso con la integridad de los procesos democráticos y el cumplimiento de las normativas locales sobre comunicación política.

Este requerimiento se suma a las medidas de vigilancia que las instituciones electorales han implementado para controlar el flujo de desinformación y el uso de herramientas digitales en la arena política. El cumplimiento de esta orden será monitoreado de cerca por los magistrados del TSE, quienes han advertido que cualquier omisión en la entrega de la información solicitada podría derivar en sanciones administrativas conforme a la legislación electoral vigente en el país sudamericano.

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